En 1972 y después de una decisión de la Corte Suprema en el caso Furman vs. Georgia, Estados Unidos suspendió la aplicación de la pena de muerte. Más tarde, en 1976, como resultado de una polémica decisión de la Corte Suprema en el caso Gregg vs. Georgia, basada en un estudio realizado por el economista Isaac Ehrlich, Estados Unidos reintrodujo la pena capital.
Han pasado varios años desde entonces, y ahora es posible y necesario preguntarnos si con la pena de muerte la justicia penal ofrece mejores resultados; si con su aplicación se han cometido menos crímenes; o incluso, si la pena de muerte es constitucional.
En la actualidad, treinta y cuatro estados de los Estados Unidos admiten la pena de muerte para crímenes muy graves; esto, frente a dieciséis estados que no la acogen. Los dos principales argumentos que sustentan la pena de muerte son: La retribución y la disuasión. De acuerdo con la teoría retributiva, la sociedad tiene el derecho de infligir daño al criminal y esta reacción debe ser directamente proporcional con el daño causado por este. El fundamento detrás de la teoría retributiva es el “castigo merecido”. Por su parte, la teoría de la disuasión arguye que la pena de muerte tiene un importante impacto en la sociedad, pues funciona como un fuerte mensaje ante los potenciales asesinos o criminales, para desalentarlos de cometer un delito.
¿Cuán válidas o consistentes son actualmente estas teorías para justificar la pena de muerte? En lo que sigue analizaremos ambos argumentos.
Autor: Liza Ramos Dávila.