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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/77ed70804e55db418d21cdc90a351764/Sentencia+Expediente+00194-20019-COMBINADO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=77ed70804e55db418d21cdc90a351764

Fuente: Poder Judicial

The post Sentencia sobre el caso Bagua – Expediente N° 00194-2009 (0163-2013) (22.09.2016) appeared first on Ramos Davila Consultores y Abogados.

• sentencia-diarios-chicha-08-01-2015
• recurso-de-nulidad-n-615-2015-diarios-chicha

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Encontramos interesantes los siguientes fundamentos de derecho:

«QUINTO. Que, ahora bien, es obvio que para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe partir de los hechos descritos  en la Disposición Fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria. A su vez, el juez, al evaluar dicha excepción, solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente.

En efecto, la excepción de improcedencia de acción se concreta, por su propia configuración procesal, en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punibilidad, en tanto categorías del delito, distintas de la culpabilidad –tanto como juicio de imputación personal cuanto como ámbito del examen de su correlación con la realidad- [Recurso de Nulidad número seiscientos veintiocho guión dos mil trece diagonal Cusco, de cuatro de octubre de dos mil trece].»

SEXTO. (…) desde las máximas de la experiencia, inferir tanto el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes incautados cuanto una vinculación a nivel de organización delictiva entre el imputado y el remitente de los paquetes cuestionados. Realizó, pues, una inferencia probatoria en un momento procesal inoportuno.

En virtud de lo precedentemente expuesto, es pertinente concluir que los hechos –sin ingresar a realizar una valoración de los materiales instructorios-, como ha quedado expresado, constituyen en principio delitos de receptación y de asociación ilícita para delinquir. La valoración de los actos de aportación de hechos, por estar referidos al juicio procesal de la responsabilidad penal, no corresponde ser examinados en una excepción de improcedencia de acción. »

Revisa la jurisprudencia completa aquí:

• Casación-Nº-407-2015-Parte-1
• Casación-Nº-407-2015-Parte-2

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1. Acuerdo Plenario Nº 1-2015/CIJ-116: Aplicación judicial del artículo 15º del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes.

2. Acuerdo Plenario Nº 2-2015/CIJ-116: Beneficios penitenciarios relacionados a la aplicación de leyes de ejecución penal en el tiempo.

3. Acuerdo Plenario Nº 3-2015/CIJ-116: Participación del interesado en el delito de tráfico de influencias y la legitimidad de la intervención penal en la modalidad de influencias simuladas.

4. Acuerdo Plenario Nº 4-2015/CIJ-116: Valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual.

5. Acuerdo Plenario Nº 5-2015/CIJ-116: Concepto de arma como componente de la circunstancia agravante “a mano armada” en el delito de robo.

Revisa los cinco acuerdos plenarios en el siguiente enlace: IX-Pleno-Jurisdiccional-de-las-Salas-Penales-Permanente-y-Transitoria

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Sobre el derecho al honor, se señala que el daño al honor se produce cuando no es fácil para el lector común advertir la parodia de una imagen montada.

Revisa la Casación-N°-1003-2014-Lima

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Esta casación establece que «el delito de tenencia ilegal de armas es una figura de peligro abstracto, pues no es necesaria la producción de un daño concreto, pues se entiende, que resulta peligroso para la sociedad la posesión de armas sin contar con la autorización administrativa correspondiente».

Continua revisando la Casación-N°-211-2014-Ica-(22.JUL.2015)

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Esta sentencia establece que:

« 4. Sin perjuicio de que la emplazada no ha acreditado haber citado al demandante a sus instalaciones para que in situ discierna cuál es la documentación que realmente requiere, este Tribunal considera que tal citación no solamente es innecesaria, sino que, en la práctica, constituye una subrepticia conculcación del derecho de acceso a la información pública. Y es que el hecho que lo requerido sea extenso no justifica, bajo algún punto de vista, se supedite el ejercicio de dicho derecho fundamental a que su titular tenga necesariamente que comparecer ante la emplazada para seleccionar qué y cuál no documentación desea, o ratifique lo solicitado.

5. Conviene entonces tener presente que, por más voluminosos que sean los requerimientos de información, tales pedidos deben ser necesariamente atendidos que se sufrague el costo de reproducción que corresponda. Al obligar a quien peticiona a internalizar el costo de su pedido (a no ser que se trate de una situación excepcional que amerite la exención del mismo), se busca evitar que la entidad que almacene la información pública trabe la entrega de la misma apelando a su extensión (como ocurre en el caso de autos); y, de otro lado, frenar eventuales abusos por parte de los titulares del mencionado derecho fundamental que desemboquen en un despilfarro de recursos.» (Subrayado añadido)

Continua revisando el Expediente-Nº-06460-2013-PHD-TC–CAÑETE-(10.DIC.2015)

The post Acceso a la información pública – STC Nº 06460-2013-PHD/TC – CAÑETE (10.12.2015) appeared first on Ramos Davila Consultores y Abogados.

1. Uno de los interlocutores aceptó efectuar la llamada, no intervino un tercero ajeno a la conversación;
2. No se trató un delito provocado, no se indujo al imputado a delinquir, hubo una línea reiterada de conductas tendentes a la obtención de dinero por influenciar a un magistrado;
3. Al tratarse de una conversación entre dos personas, no se necesita una autorización judicial;
4. No es ilícito que la autoridad inste a una de las partes a tener una conversación con uno de los imputados y que esa conversación se grabe.

Revisa aquí el Recurso-de-nulidad-Nº-2076-2014-LIMA-NORTE

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Sentencia-del-Tribunal-Constitucional-Nº-02437-2013-AA

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1. La motivación descansa tanto en la declaración de hechos probados cuanto en la interpretación a aplicación de las normas jurídicas materiales que rigen tanto el injusto penal y la culpabilidad cuando las reglas sobre la medición judicial de la pena, así como los criterios de imputación civil y quantum  de la reparación civil.
2. El examen de presunción de inocencia importa un triple control: juicio sobre la prueba, juicio sobre la suficiencia y juicio sobre la motivación y su razonabilidad. La corrección de la prueba indiciaria se encuentra en el juicio sobre suficiencia probatoria, mientras que la correlación de la motivación se encuentra en el juicio de la razonabilidad.
3. El contraindicio, que es la contraprueba indirecta, consiste en la prueba de algún hecho con el que se trata de desvirtuar la realidad de un hecho indiciario, al resultar incompatibles tales entre sí o al cuestionar aquel hecho la realidad de éste, debilitando su fuerza probatoria.

Revisa la sentencia aquí:

• Casación-Nº-628-2015-Importancia-de-la-motivación-de-sentencia-en-la-prueba-indiciaria-Parte 1
•  Casación-Nº-628-2015-Importancia-de-la-motivación-de-sentencia-en-la-prueba-indiciaria-parte 2

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Encontramos interesantes los siguientes fundamentos de derecho, sobre el arraigo como elemento para evaluar el peligro de fuga:

«No es concluyente, por tanto, los pocos o muchos viajes que un encausado realice al extranjero. Lo que determina un fundado peligro de fuga es que un imputado no tenga arraigo laboral, familiar o laboral y tenga contactos en el exterior que le permitan alejarse del país, a la vez que, concurrente, consten otros datos derivados de la naturaleza del hecho y de la gravedad la pena –el monto de la pena, tampoco debe ser examinado en forma aislada, sino debe ser considerado en la relación con otras circunstancias, tales como (i) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro posterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, (ii) la personalidad del imputado y/o (iii) sus relaciones privadas (sus vínculos familiares, laborales) [LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER: obra citada, páginas trescientos ochenta y ocho guión trescientos ochenta y nueve-].» (Fundamento de derecho SÉPTIMO)

(…)

«Que, como ya se ha sostenido abundantemente, la prisión preventiva es una medida excepcional, frente a la situación normal de esperar el juicio en estado de libertad, o en su caso mediante la restricción de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones que no comporte la privación de la misma. En consecuencia, la privación de libertad ha de ser la excepción; y, se ha de adoptar cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales pueden alcanzarse los mismos fines que con aquélla [BARONA VILAR, SILVIA: Derecho Jurisdiccional III. 15º Edición, Tirant lo Blanch, valencia, dos mil siete, página cuatrocientos noventa y ocho]. Rige el principio hermenéutico rector de las normas relativas a prisión preventiva: el de favor libertatis, o de in dubio pro libertatis.

Es claro, por consiguiente, que en materia de derechos fundamentales la legalidad ordinaria debe ser interpretada de la forma más favorable para la efectividad de dichos derechos; de suerte, se requiere: (i) la excepcionalidad, conforme a la cual la prisión preventiva nunca puede convertirse en regla general y aplicarse cuando no cabe otra opción para el cumplimiento de los fines que la justifican; y, (ii) la subsidiaridad, que obliga al órgano jurisdiccional a examinar, no sólo la concurrencia de los presupuestos materiales que la posibilitan, sino también si existe alguna otra alternativa menos gravosa para el derecho a la libertad que, asegurando el cumplimiento de los fines de la prisión preventiva ello no obstante, no supongan el sacrificio de aquel derecho fundamental [GIMENO SENDRA, GIMENO: Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, dos mil cuatro, página quinientos treinta y siete].» (Fundamento de derecho OCTAVO)

(…)

«Que, en virtud a lo precedentemente expuesto, es de concluir que los órganos jurisdiccionales de mérito inobservaron las exigencias establecidas en el artículo 268º, literal c, concordante con el artículo 269º del Nuevo Código Procesal Penal. Sobre estas consideraciones se limitó indebidamente la libertad del imputado al imponerse desproporcionadamente la medida de coerción personal de prisión preventiva a pesar de que demostró arraigo y no se presentan otros criterios que concurrentemente autoricen a afirmar la existencia de un fundado peligro de fuga.

El Tribunal Superior, además, incrementó el plazo de prisión preventiva, con el solo argumento de que ésta no es un adelanto de pena, no tiene por finalidad generar escarmiento en el investigado, sino únicamente asegurar su presencia al proceso. Tal resolución al hacer referencia a pautas generales sin referencia a las concretas razones para un incremento del plazo de privación procesal de la libertad, importa una motivación irrazonable, que no puede ratificarse. No cabe otra opción que casar el auto de vista.» (Fundamento de derecho DÉCIMO)

Revisa la resolución completa en el siguiente enlace:Casación-Nº-631-2015-Arequipa

The post Casación Nº 631-2015-Arequipa – El arraigo como presupuesto del peligro de fuga (21.12.2015) appeared first on Ramos Davila Consultores y Abogados.

Revisa la sentencia completa en los siguientes enlaces:

Parte 1:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f2f05e804c0b8d2eba06bbbe8f418064/CS_D_RESOLHOMICPARTE01_15032016.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f2f05e804c0b8d2eba06bbbe8f418064

Parte 2:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ea9ef4804c0b8b71b9d0b9be8f418064/CS_D_RESOLHOMICPARTE02_15032016.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea9ef4804c0b8b71b9d0b9be8f418064

The post Recurso de Nulidad Nº 1658-2014-LIMA- Caso Walter Oyarce (15.03.2016) appeared first on Ramos Davila Consultores y Abogados.

Leer el Precedente EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS DECISIONES

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HC 33-2007 – Caso Lindley – requisitos de investigación y denuncia

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Leer la Resolución n.º 0067-2015-DCF-RE

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